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IC-V y ecologistas denuncian que la fábrica de Puigneró aún contamina la riera de Sorreigs


ANTONIO CERRILLO — para LA VANGUARDIA.
Iniciativa per Catalunya-Verds hizo pública ayer una denuncia según la cual la fábrica Hilados y Tejidos Puigneró, de Sant Bartomeu del Grau (Osona), sigue contaminando la riera de Sorreigs. Casi cuatro años después de la sentencia contra el industrial Josep Puigneró por un delito ecológico –por el que se encuentra en libertad condicional tras cumplir tres cuartas partes de la condena–, IC-V afirmó que «la riera de Sorreigs» es todavía una «cloaca» y que la regeneración prometida «es pura ficción», en palabras de Jordi Guillot, su portavoz.

IC-V apoyó sus críticas con un vídeo donde se ve a varios de sus parlamentarios caminando por el lecho seco del Sorreigs y junto a las aguas espumosas y rojizas de esta misma riera una vez que recibe los vertidos de la fábrica. También aportó un informe del Instituto Nacional de Toxicología, del 17 de junio de 1998, en el que se detecta (2,5 kilómetros aguas abajo de la fábrica) 204 miligramos por litro de demanda química de oxígeno (DQO), cuando los valores máximos autorizados por el Departament de Medi Ambient son de 160 miligramos por litro. El informe también señala que en el torrente de La Tuta –donde la fábrica arroja sus vertidos antes de alcanzar el Sorreigs– «no se apreció ningún indicador biológico de vida».

Los diputados Jordi Guillot y Joan Boada acusaron a la empresa y a Medi Ambient de incumplir el compromiso de restaurar el Sorreigs. Boada dijo que este caso era extrapolable a otros, por lo que denunció la existencia de «connivencia» entre el Govern y ciertos sectores industriales que contaminan, mientras que Guillot se refirió a la «complicidad» del Gobierno de Jordi Pujol. IC-V ha pedido que se regularice la captación de agua –clave de todo el problema, puesto que la falta de caudal del Sorreigs impide la dilución de los vertidos–, que se restaure la riera y que se elabore un plan para compatibilizar empleo y medio ambiente.

Un portavoz de Medi Ambient afirmó que las últimas mediciones (de enero) registraron niveles de contaminación por debajo de lo autorizado, aunque reconoció que se habían producido «4 o 5 puntas» que han acabado en expedientes. El conseller Joan Ignasi Puigdollers vio en la denuncia de IC «un intento demagógico de desprestigiar la actuación del Govern en clave puramente electoral». También dijo que la empresa está sujeta a una plan de descontaminación que exige gradualidad dada la dificultad técnica y la falta de caudal del medio receptor. «El problema de Puigneró es el lugar donde se encuentra la actividad», dijo el conseller, que juzgó intolerable la acusación de «complicidad y pasividad». El abogado defensor subrayó que los análisis de toxicología no dicen cuándo se tomaron las muestras, ni demuestran la toxicidad.

Pere Dot, secretario del grupo de defensa del Ter, a quien el juez encomendó gestionar esta regeneración, sentenció: «La riera no se ha recuperado ni mucho menos. Aún no hemos firmado el convenio con la empresa para hacer un seguimiento. Una cosa es la legalidad y otra que haya vida en la riera.»