Con un pasivo ordinario de 32,9 millones, Dogi se vio abocada a solicitar concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona hace poco más de un año. La compañía justificó la decisión por una caída en ventas, una estructura de costes excesiva y la restricción del crédito por parte de entidades financieras.Tras obtener las adhesiones, se establece ahora un plazo de diez días a partir de la fecha de comunicación para que las partes interesadas puedan manifestar su oposición a la aprobación judicial del convenio.Durante estos meses en concurso, la textil ha puesto en marcha un plan de viabilidad que contemplaba venta de filiales, desinversiones y reducción de costes. En octubre, el juez autorizó un ERE de extinción de 74 puestos de trabajo.