El calzado español reclama a la Unión Europea (UE) que tenga en cuenta las circunstancias específicas del sector calzado en el Reglamento europeo contra la morosidad y se establezcan excepciones para evitar la pérdida de competitividad.

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha advertido a la UE sobre el nuevo reglamento contra la morosidad, que dificultará la situación para empresas zapateras españolas restándoles competitividad en un mercado global, frente a otros países libres de esas normas reguladoras. Además, esta normativa se suma a la Ley Crea y Crece aplicada por el Gobierno de España desde 2022 que supone limitaciones para las empresas del sector.

La nueva ley de morosidad establece que aquellas empresas que quieran acceder a subvenciones públicas deberán cumplir un plazo máximo de pago de 30 días, alargado a 60 si hay acuerdo entre las partes. Desde la patronal zapatera, cuentan que sus empresas tienen más difícil cumplir con este plazo por su naturaleza exportadora, ya que en las transacciones internacionales el periodo medio de cobro suele ser más elevado. Así, FICE pide un régimen especial para pymes exportadoras para no lastrar su competitividad internacional.

«La Ley Crea y Crece afecta a nuestra competitividad en un mercado global en el que para otros países no hay rigidez en los plazos de pago. Este requisito de cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30.000 euros deja fuera a gran mayoría de empresas del calzado«, ha asegurado Marián Cano, secretaria de FICE.

Piden soluciones

«Aunque el nuevo Reglamento de Morosidad busca garantizar los pagos, la realidad es que plantea desafíos para las pymes, especialmente en nuestro sector«, ha añadido Cano. Por ello, desde FICE reclaman que esta normativa sea «homogénea en todos los Estados miembros» para competir en igualdad de oportunidades y que sea flexible a las necesidades de cada sector. «La ley debe ajustarse en base a los productos que comercializa cada sector y si son de alta o baja rotación, como es el caso de calzado«, ha señalado Cano.

Asimismo, Cano ha mostrado su acuerdo en aspectos de la normativa. «Tenemos que luchar contra la morosidad y los impagos, pero la solución no pasa por acortar los plazos de un modo tan drástico. Actualmente, el pago medio está por encima de 80 días. La solución no es acortar los plazos a 30 días, sino establecer mecanismos para garantizar el pago sea cual sea el plazo acordado«.

Perjudicial para el sector

Cano ha explicado los argumentos de FICE en contra de esta nueva ley. En primer lugar, la falta de acceso a las ayudas públicas de más de 30.000 euros en caso de no cumplir con ese plazo mencionado de 30 días. La ley debe tener en cuenta las singularidades de la industria zapatera: preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento, envíos y plazo de cobro, que entre todo supera los ocho meses.

Por otra parte, «las empresas ya se están viendo afectadas por la caída del consumo y las exportaciones. Quedar excluidas de subvenciones gubernamentales mermaría su capacidad para enfrentar los desafíos económicos«, ha detallado Cano.

El impacto de la normativa será todavía mayor para las medianas empresas. Estos plazos de pago más cortos podrían tener un impacto desproporcionado, ya que en muchos casos carecen de la infraestructura financiera y administrativa para adaptarse a los nuevos requisitos. En cambio, puede favorecer a grandes empresas con importantes recursos, según han denunciado desde FICE.

Para más información: http://www.fice.es/inicio

Pinker Moda

02.02.2024