HRW alerta sobre las limitaciones de las auditorías sociales

HRW propone que las leyes europeas al respecto deben utilizar medios complementarios para asegurarse de la veracidad de las auditorías.

30.11.22.- Las auditorías sociales y las certificaciones –concluye Human Rights Watch en un informe publicado esta semana- no son suficientes para prevenir y remediar los abusos laborales en las cadenas de suministro. 

El informe se titula Obsesionados con las auditorías, que no alcanzan su objetivo. Por qué las auditorías sociales no pueden solucionar los abusos de los derechos laborales en las cadenas de suministro. Destaca los problemas de las auditorías y certificaciones sociales para los proveedores, incluidos los confeccionistas y se centra en los abusos de los derechos laborales. Los responsables políticos de la Unión Europea y de otros países están pensando regular el respeto de los derechos y de las normas medioambientales por parte de las empresas. No deberían confiar en estas auditorías o certificaciones como prueba de cumplimiento. 

Los responsables políticos y las empresas no deben confundir las auditorías y certificaciones sociales de los proveedores como una prueba de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, ha señalado Aruna Kashyap, directora de justicia económica y derechos de Human Rights Watch. Las empresas deben ser conscientes de los problemas en torno a las auditorías y certificaciones y tomar decisiones inteligentes sobre cómo invertir sus recursos en este tema. 

Muchas marcas y detallistas adquieren productos en fábricas de todo el mundo. Confían en las auditorías sociales, las inspecciones y las certificaciones de los proveedores para evaluar el cumplimiento de los códigos de conducta voluntarios. Estos códigos han sido elaborados por las propias marcas o en el marco de programas de auditoría o certificación. 

Las auditorías y certificaciones sociales, aunque son ya muy comunes, son controvertidas porque no se consideran independientes, sino que están influidas y a menudo financiadas por las propias marcas y proveedores. 

Entrevistas a 20 auditores experimentados 

Human Rights Watch entrevistó a 20 auditores que han trabajado durante un mínimo de diez años en diferentes países y sectores, incluido el confeccionista. THuman Rights Watch también analizó los informes de las auditorías sociales y revisó los análisis académicos de los informes de las auditorías sociales. 

Las auditorías sociales se realizan en unos pocos días. Las certificaciones resultantes pueden no detectar los abusos laborales. Esto afecta especialmente a cuestiones como la discriminación y el acoso, el trabajo forzado, el trabajo infantil y la libertad de asociación. 

Varios expertos del sector señalaron que las auditorías sociales tradicionales duran solo unos pocos días. La presión para reducir los costes limita el tiempo que tienen los auditores para entrevistar a los trabajadores, investigar, seguir pistas y reunir pruebas de los abusos laborales. Las empresas solo encargan inmersiones profundas –que son más largas y costosas- si creen que tienen un problema grave y desean solucionarlo. 

Conflictos de intereses 

Los conflictos de intereses entre la auditora y sus clientes pueden enturbiar el proceso de auditoría social. Varios auditores han dicho que la presión de los clientes influye en los auditores. La presión es mayor cuando los proveedores y sus marcas designan y pagan a los auditores. De hecho, les suelen pedir que eliminen los hallazgos más graves y que no los incluyan en el propio informe de auditoría. 

Human Rights Watch y otras organizaciones han descubierto que muchos proveedores, deseosos de obtener buenos informes, intentan ocultar la situación durante las auditorías. Obviamente, el riesgo de engaño es mayor cuando se avisa con antelación de ellas. 

Varios auditores han afirmado que numerosas consultoras ayudan a jugar con las auditorías sociales. Ayudan a las fábricas a preparar al personal para que respondan bien a las preguntas de los auditores e incluso generen documentos falsos. 

Human Rights Watch confirma que los métodos para mantener los costes bajos o reducir los tiempos pueden impulsar los abusos laborales. Las investigaciones más sólidas, por otro lado, sólo pueden informar de sus hallazgos y medidas correctoras a la parte que pagó la auditoría. 

Las empresas que se abastecen de proveedores, en todo caso, deben apoyar la aplicación de medidas correctoras, establecer advertencias y consecuencias y, en caso de falta de progreso, cortar los vínculos con la empresa inspeccionadas, minimizando el daño a sus trabajadores. 

El sector de las auditorías sociales y las certificaciones es bastante opaco. Los informes de auditoría social no son públicos. La falta de transparencia significa que no hay información sobre por qué y cómo se certificó instalación concreta. No se consigue generar confianza, especialmente entre los trabajadores, que no pueden supervisar el progreso de las medidas correctoras. 

Recomendaciones finales a las empresas y a la UE 

Además de publicar los resultados y las medidas correctoras, las empresas deben revelar quién designó y pagó una auditoría y qué costes cubrió. También deben describir su metodología, su duración y los temas que cubrió. 

Las leyes deben exigir a las empresas que utilicen una combinación inteligente de herramientas para gestionar los derechos de las partes interesadas, especialmente las poblaciones afectadas, los sindicatos y otras organizaciones. Deben exigir a las empresas que den a conocer sus cadenas de suministro y que desarrollen mecanismos independientes de reparación de reclamaciones eficaces y accesibles. También hay que exigir a las empresas que se aseguren de que sus prácticas de compra son coherentes con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Si las empresas optan por utilizar auditorías y certificaciones sociales, las leyes deben exigir que publiquen sus informes. Por último, las leyes deberían exigir a las empresas que desarrollen políticas y procesos claros para corregir los problemas. 

Las empresas no deben confiar en las auditorías y certificaciones sociales para demostrar el cumplimiento de las normas en sus propias operaciones o en sus cadenas de suministro, concluye Kashyap. Los responsables políticos y los reguladores no deben eximir a las empresas de sanciones administrativas o de responsabilidad civil porque hayan utilizado programas de auditoría o certificación. 

+ Info: https://www.hrw.org/

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