El convenio se ha firmado tras cinco meses de negociaciones y en él se contemplan mejoras en los salarios de un 3%, obligaciones para las empresas en materia de responsabilidad social, ligeras mejoras en flexibilidad de la jornada y la posibilidad de que los trabajadores de más de 60 años puedan acogerse a una jubilación parcial mediante el llamado contrato de relevo, que permitirá el rejuvenecimiento de las plantillas. El nuevo texto afectará unas 2.000 empresas que contratan a más de 40.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente el 68% se concentra en la Comunidad Valenciana y el resto en Castilla-La Mancha, Baleares y La Rioja. Según explicaron los firmantes, el convenio pretende mejorar la situación de los trabajadores y paliar algunos de los problemas que atraviesa este sector que, junto al textil, encabezan la pérdida de empleo en España y Europa. De este modo, según precisó Carmen Expósito, representante de Comisiones Obreras en la mesa de negociación del convenio, «se calcula que este año se van a perder en la UE un millón de puestos de trabajo en el sector del textil y 800.000 en el calzado». Expósito lamentó las facilidades que existen en estos sectores para deslocalizar y trasladar su producción o importar directamente de países asiáticos. Por ello, consideró que la situación se puede agravar si los gobiernos autonómico y central «no encabezan con otros países de la UE los defensa de los intereses del sector frente a China». Juan Martínez, representante de UGT en la mesa de negociación del convenio, criticó al Gobierno valenciano ya que, a su juicio, se anima mucho a la deslocalización.  El representante de la Federación de Industriales del Calzado Español (FICE), Rafael Cañada, recordó que las importaciones siguen creciendo, aunque no a un ritmo tan exagerado como en 2004, lo que permite atenuar la demanda interior. Desde el sector se ha pedido que exista reciprocidad, por ejemplo, respecto a China, tanto en los mercados como en derechos laborales: «exigimos que podamos exportar nuestros productos a China, porque es un mercado potencial y España tiene zapato de calidad y de moda capaz de venderse allí». El problema, explicó Carmen Expósito, estriba en que hay más de 120 barreras no arancelarias en China que imposibilitan el acceso de los productos españoles al consumidor. Asimismo, comentó que el sector están en contra de las falsificaciones y del dumping, ya que, según la patronal, algunas partidas de calzado está entrando «zapato a España por debajo del precio de coste en China, gracias a las ayudas que concede el Gobierno chino a las empresas». Durante la firma del convenio, los empresarios también criticaron que el plan de competitividad del sector anunciado por el conseller de Empresa, Justo Nieto, todavía no se haya aplicado «por falta de financiación». La negociación del convenio ha tenido que superar las peculiaridades de cada zona de producción, los problemas por los que atraviesa el sector y el deseo de los empresarios de que exista mayor flexibilidad laboral. Sin embargo, una vez firmado, Martínez consideró que lo más importante de este convenio «es hacerlo cumplir dentro de las empresas». En ese sentido, la representante de CCOO afirmó que son las compañías asentadas en la Comunidad Valenciana las que tienen el índice de contratación eventual más alto y las que más incumplen el convenio colectivo. Por ello, consideró difícil garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones de responsabilidad social subsidiaria y establezcan códigos de conducta, sobre todo en centros de producción situados fuera de España.