Siervas y menores para el feudo ilegal del calzado alhameño


Paz Gómez, Alhama (Murcia), para La Verdad En Alhama es frecuente la explotación laboral en el seno de la industria del calzado. Quienes lo sufren son decenas de mujeres que cosen zapatillas o chanclas a destajo escondidas en garajes. Sin contrato, sin derechos y aspirando polvo de la goma y efluvios de los pegamentos, llevan el peso de una cadena de producción casera y clandestina. ¿El futuro? Sus hijos y hermanos, muchos de ellos menores, recogen el testigo del trabajo negro, injusto y consentido. Sin salida. La cohorte de trabajadoras y jovencillos que se ganan las habichuelas en el submundo de la economía sumergida se siente atrapada en un círculo vicioso que lejos de acotarse, engorda, se perpetúa y engulle a nuevas víctimas. En el caso del sector del calzado de Alhama, uno de los focos regionales con solera, sus orígenes se remontan a décadas atrás y su existencia es del dominio público. El despegue económico que llena de júbilo a empresarios y políticos parece pasar de largo en Alhama. Los efectos de un ciclo de cuantiosos beneficios –más empleo, menos precariedad– no han cambiado las condiciones laborales de decenas de mujeres, jóvenes, e incluso menores de 16 años que componen más de la mitad de la población alhameña. En esta localidad a los pies de Sierra Espuña se vive sobre todo de tres cosas: labrar la fértil tierra, trabajar en las industrias El Pozo o coser y pegar zapatos. No hay más para el común de los mortales. Hasta ahí, un abanico de actividades empresariales locales similar a la generalidad. La chispa salta cuando se investiga cómo trabajan las cosedoras y sus vástagos. La amenaza de las represaliasPor miedo a las frecuentes represalias, una de estas cosedoras, como ellas se denominan, se oculta bajo el seudónimo de María. En la cochera de su casa remata las plantillas de las 1.500 chinelas que pasan por sus manos a diario. A 5 pesetas la zapatilla, 7.500 pesetas la jornada «siempre que no me levante de esta silla… dejo la máquina sólo para ponerle la comida a mi marido y mi cría», se lamenta María. Y es que a la cansina mecánica de coser plantillas en la máquina de apero prestada que le dobla la edad, esta mujer de 29 años suma su embarazo de tres meses y un párpado magullado por una aguja que le saltó el día anterior. Se entretiene con el programa La ruleta de la fortuna que emite la tele que ha instalado frente al taller clandestino. Por las mañanas, de 9 a 2, y por las tardes, de 4 a 9 ó 10 de la noche, María dice con firmeza de guerrera que «da igual que esté preñada. De aquí me muevo para ir a parir y enseguidica a coser. Llevo desde los 14 años cosiendo, y no hay otra cosa para echarle una mano a mi marido. ¿Es que puede vivir una familia con 120.000 pesetas, lo que gana mi marido, si yo no hago chilenas todos los santos días?». Pero la necesidad no le ha vuelto conformista. A diferencia de muchas de sus vecinas y colegas en el feudo de los señores del calzado, María pide a gritos un cambio de situación. «Que les obliguen a hacernos un contrato como Dios manda –exige–, un seguro por si me pongo mala, que tenga vacaciones y me den una buena máquina. Casi me salto un ojo ayer y todas las noches me limpió un polvillo negro de la nariz. Con unas gafas protectoras y una mascarilla, me ahorraría todos esos peligros». El problema es que estas siervas de los fabricantes no se alían ante la injusticia: les puede el terror a quedarse en la calle y la falta de confianza en la actuación y el apoyo de la Administración. «Si voy por mi cuenta a la Inspección de Trabajo, me quitan la máquina y mi hija no come, y si le exijo al de la fábrica que me haga un contrato, pasa de mí y le trae bolsas de chinelas a las mil mujeres de aquí que no van a protestar», replica María mientras otras colegas del oficio pasean por la calle curioseando o se asoman desde sus talleres caseros. María y las que piensan como ella no se explican en qué están pensado los inspectores: «Qué le metan mano a ellos de una vez y no se ceben con nosotras», comenta con rabia. Las cocheras de los barrios de Alhama están tomadas por el séquito obrero del calzado. Los maridos o los chicos ya mayores son los elegidos para formar parte de la escasísima plantilla legal que trabaja en las cerca de veinte fábricas del sector. Los de menor edad no tienen tanta suerte. D. y F. se juntan con los críos de su pandilla en los recreativos o pasean en las motos por el parque de Los Patos. Hacia las 8 de la tarde, lucir vehículos ruidosos, charlar y meter monedas en las máquinas es lo que más mola. A ninguno de los dos les cuesta hablar de que desde los 15 años están trabajando en el calzado y en una fábrica de colchones. Estos hombres acaban de cumplir los 17 años, abandonaron el instituto porque «es un rollo y no hay nada que nos guste». No manifiestan interés por ninguna profesión en concreto. En la sala de recreativos más popular de la localidad ambos se estiran cuando se les compara con las cosedoras: ellos eran vulcanizadores. En el mercado negro hay categorías salariales y profesionales. F. trabajaba por turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche o de 10 hasta las 6 de la mañana. El trabajo nocturno con 15 años consistía en fabricar con goma granulada las suelas de los zapatos. Estos menores manejaban material inflamable y una máquina que a altas temperaturas funde el material para solidificarlo. ¿Explotados? «¡Qué va, tía! Ganaba 180.000 pesetas y me compré una moto». Entre los vulcanizadores, las cosedoras, las ribeteadoras (rematar ribetes) y los que ponen los ojales y las cintas, las trabajadoras calculan que el par de zapatillas no le cuesta al empresario más de 100 pesetas en sueldos. En los mercadillos las venden a 500 y 600 pesetas el par. La escena que se repite por cada rincón de Alhama es también frecuente en la huerta de Murcia, en los almacenes clandestinos del manipulado hortofrutícola de la Vega Media y del Noroeste y en algunas construcciones. El secretario de Acción Institucional de CCOO, José Cánovas, reconoce que la buena marcha de la economía ha conseguido que afloren y se regularicen unas 18.000 personas de las bolsas de trabajo negro existentes en la Región en 1996, aunque insiste en que la economía sumergida tradicional sigue rondando el 30% de los trabajadores murcianos, según el cálculo realizado por el Consejo Económico Social (CES) hace cuatro años. Es más, Cánovas apunta que el sindicato ha podido comprobar que se están generando nuevos focos, como el de la fresa en Cehegín y Caravaca, y que el 80% de los explotados son mujeres muy jóvenes y menores de 16 años.