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Un estudio revela precariedad y explotación de las trabajadoras del calzado


El trabajo, elaborado por la empresa CIDES y con un margen de error del 2,6 por ciento, ha sido coordinado por Enric Sanchis, profesor del departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, y por María José Frau y Jorge Hurtado, ambos de la misma cátedra de la institución académica de Alicante, entre otros. Este estudio fue solicitado por Comisiones Obreras. El estudio señala que para bajar costes, las empresas reducen empleo legal: las mujeres son las primeras en dejar la fábrica y pasar a la economía sumergida. La mayoría de las trabajadoras del sector (57,3%) son aparadoras en sus domicilios o talleres clandestinos. CCOO asegura que el estudio demuestra que muchas empresas del sector no cumplen el convenio del calzado y las mujeres trabajan «a destajo», con jornadas semanales entre las 55 y las 60 horas y sometidas a «prácticas tercermundistas». El 25 por ciento de las encuestas se ha hecho a mujeres trabajadoras de fábricas legales, idéntico porcentaje, a empleadas adscritas a talleres y fábricas («ilegales», según CCOO) y el 50 por ciento restante, a las que desempeñan sus labores dentro del citado ramo en sus propios domicilios. Del estudio se desprende también que la mayoría de estas mujeres no tiene vacaciones de ningún tipo y en periodos de alta demanda llega a cubrir jornadas laborales de 7 de la mañana a 1 de la madrugada. La responsable de la Secretaría de la Mujer de CCOO-PV, Neus Pons, asegura que «si se tuviera en cuenta el trabajo a domicilio que existe en el sector, se modificaría el PIB de la comunidad». La jornada laboral remunerada sobrepasa la ocho horas, «pero en realidad supera las doce si tenemos en cuenta también las tareas de la casa. Estamos asistiendo a una auténtica explotación, más propia de los siglos XVIII o XIX». José Torregrosa, secretario general de Fiteqa-CC OO, puso de relieve una paradoja del sector: «Los empresarios se quejan de que faltan aparadoras, pero la realidad es que muchas de ellas lo dejan a la menor oportunidad porque no están consideradas. El trabajo a domicilio está regulado en el convenio, pero los empresarios no lo respetan». CC.OO. anunció su intención de entregar este sondeo a la Generalitat Valenciana con el propósito de que la administración autonómica se implique en la mejora de estas condiciones ilegales.

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