Desacuerdos en la UE ante la ley anti-greenwashing

La retirada de la ley anti-greenwashing de la UE representa una batalla más en la guerra entre partidarios y opositores de la regulación ambiental.

La Unión Europea (UE) parece decidida a retirar su directiva sobre declaraciones ambientales de las empresas. Su objetivo era combatir el greenwashing y las afirmaciones falsas sobre sostenibilidad, un problema que afecta al sector textil-moda.

Para comprender el trasfondo de la situación hay que tener en cuenta las tensiones creadas por la ambiciosa regulación ambiental de la UE, que tiene muchos partidarios. Cada vez hay más políticos y ciudadanos que piensan que va demasiado lejos, que no es realista, que exige demasiada burocracia y que constituirá una rémora para la economía de los 27 países. Esta alternativa afecta a la normativa de declaración ambiental, pero también a muchas otras que están en proceso. Una de ellas implica la prohibición a las empresas de destruir prendas invendidas.

Para finales de junio, había una reunión prevista entre los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE para pulir el borrador final de esta directiva anti-greenwashing, propuesta por la Comisión Europea en 2023.

Sin embargo, el 20 de junio varios portavoces europeos anunciaron que se retiraba la propuesta. La presidencia del Consejo de la UE canceló la reunión. «Existen demasiadas dudas y confusión sobre el expediente. Hemos decidido suspender el trabajo. La calidad es más importante que la rapidez».

Exigen simplificación burocrática

Mientras tanto, Bruselas ha proporcionado explicaciones oficiales. El problema radica en que la postura negociadora de los colegisladores dista demasiado de la propuesta original de la Comisión. «Ha habido novedades, incluida una enmienda que contradice el objetivo de simplificación de la Comisión«, explicó Paula Pinho, portavoz del ejecutivo. Enfatizó que la enmienda impondría cargas a unos 30 millones de microempresas, el 96% del total de empresas europeas.

La enmienda en cuestión, introducida por los Estados miembros, «distorsiona la propuesta de la Comisión», según la portavoz. «Impide el logro de los objetivos que la propuesta se había fijado desde el principio, que era el de apoyar el desarrollo de mercados verdes sin imponer cargas a las empresas más pequeñas«.

Durante el fin de semana, Italia aprovechó la postura de la Comisión y retiró su apoyo a la presidencia del Consejo de la UE. «Esta es una propuesta que Italia nunca ha apoyado«, confirmaron fuentes diplomáticas. El cambio de postura italiano podría obligar a los Estados miembros a reabrir el texto, encontrar un nuevo compromiso y reiniciar las negociaciones con el Parlamento.

Además de los problemas relacionados con las microempresas y la simplificación, algunas delegaciones han expresado dudas sobre la validez del método identificado por la Comisión Europea para evaluar la sostenibilidad de los productos, las Normas de Categoría de Huella Ambiental de Producto (PEFCR).

Encontrar el equilibrio

Sandro Gozi, eurodiputado liberal y ponente de la medida para el Parlamento Europeo, señaló que el diálogo debía abordar precisamente el tema de las microempresas que, en el mandato del Parlamento Europeo, están exentas del ámbito de aplicación de esta directiva.

El asunto corre ahora el riesgo de estancarse. La CE ha declarado que desea esperar al próximo diálogo. La presidencia del Consejo de la UE, responsable de convocar las reuniones, pide claridad antes de seguir adelante.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, lo tiene difícil. Por razones políticas y prácticas, debe contentar a tirios y troyanos, que resulta casi imposible en un momento de dificultades económicas y políticas. Cada vez están más alejados los partidarios de la normativa ambiental de la UE y los que consideran que se está yendo demasiado lejos.

Para más información: https://www.europarl.europa.eu/portal/es

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