Instinto protector de los importadores de calzado
Pedro Rubio y Pompeyo Fábregas, presidente y gerente de Adical, abrieron la jornada informando sobre la asociación, que actualmente tiene 28 asociados que importan cada año algo más de 50 millones de pares de zapatos, una sexta parte de los 300 millones que compra cada año España en el extranjero y que se suelen vender al detall por debajo de los 50 euros.La asociación fue creada hace ahora dos años por sus promotores, que fueron motivados sobre todo por el problema generado por la presencia de dimetilfumarato en una parte del calzado importado de Asia. Una vez solucionada aquella situación, la asociación fomenta el control en origen del calzado importado para evitar nuevas situaciones de alarma, pero también realiza múltiples actividades en defensa de las empresas del sector y de los consumidores que compran sus productos.Ahora mismo desea comenzar los trabajos para crear un certificado europeo para el calzado, que debería ser consensuado con todos los países miembros.Pedro Rubio aseguró que, “a diferencia de muchos importadores europeos, que compran en Asia las colecciones ofrecidas por sus fabricantes, la mayoría de importadores españoles crea aquí sus colecciones y luego subcontrata su producción fuera de España”.“Nosotros luchamos por la dignificación del importador, una figura que parece un estigma, mientras que el fabricante es visto como un héroe. Por eso, analizamos muy bien todo lo que importamos y colaboramos con Aduanas y con el Soivre en su tarea de control. Con ello llevamos la moda a los consumidores corrientes, los que no pueden gastar 100 euros en un par de zapatos”, asegura.Aduanas: plan de acción 2009/2013A continuación, Nerea Rodríguez, del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, resumió la actual legislación española para proteger las marcas y defender los derechos y la seguridad de los consumidores, tema en el que debería haber un mismo nivel de exigencia en todas las aduanas europeas, ya que (una vez entrada en Europa) una mercancía puede circular ya librmente por sus 27 países. También presentó el plan de acción de su Departamento para el período 2009/2013, en defensa de la propiedad industrial e intelectual.Respecto a la experiencia de la aduana española, aclaró que el 65% de las incautaciones corresponden normalmente a artículos procedentes de China. Su experiencia es que, para intentar burlar las Aduanas, los remitentes suelen fragmentar cada vez más los envíos, que el 90% de las incautaciones suelen producirse por solicitud de la parte europea interesada, que en el sector del calzado la mayor parte de las incautaciones corresponde a calzado deportivo, y que las falsificaciones revisten cada vez mayor calidad.Agotamiento del derechoA continuación, José María Iglesias, abogado del bufete Aguilar-Revenga, dedicado sobre todo a patentes y marcas, repasó la legislación europea sobre las importaciones paralelas, de gran interés para el sector del calzado. Expuso varios ejemplos concretos en los que han estado involoucradas marcas como Sebago. Reebok, etc.Se detuvo especialmente en el concepto del “agotamiento de derecho”, situación jurídica que permite las importaciones paralelas cuando ha sido la misma marca la que ha vendido a determinados mercados y con ello pierde el control sobre su distribución en ellos. Es un principio jurídico que da fluidez al mercado y que impide la imposición de precios distintos en cada mercado. Su interpretación jurídica, sin embargo, ofrece muchas dudas y requiere la intervención de asesores especializados.Facua: soluciones amistosasMª Dolores Molina, de la Federación de asociaciones de consumidores y usuarios en Acción (Facua), repasó la problemática de los consumidores y los principios jurídicos en los que Facua apoya sus iniciativas, entre los que destaca el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de ese año. Aunque su federación no excluye los procesos judiciales, “en general buscamos soluciones por vía amistosa y muchas veces las encontramos”.Consumo: el importador es responsablePor último, probablemente en la mejor intervención de la jornada, Etelvina Andreu, directora general de Consumo, habló sobre los sistemas de protección y prevención públicos para determinar la conformidad de los productos de importación.Comenzó informando sobre la crisis del dimetilfumarato, que en su opinión fue bastante más grave de lo que en aquel momento pareció, porque llegó bastante calzado que había absorbido el dimetilfumarato que lo acompañaba. Mencionó también otros componentes que actualmente están prohibidos, como es el caso del tolueno, que se utiliza en bastantes colas y adhesivos.A continuación, recordó que siempre la responsabilidad no es sólo del fabricante sino también de su importador en cada mercado, que asume la responsabilidad del fabricante. Es el importador, por lo tanto, el que debe exigir al fabricante la documentación y las pruebas que acrediten la conformidad del producto o incluso realizar sus propias inspecciones.Informó sobre el convenio que el Instituto Nacional del Consumo tiene con las Aduanas y con el Soivre para gestionar el control en frontera de textiles, calzado, juguetes, PAE, muebles y prendas de protección individual, y subrayó que el calzado es, con bastante diferencia, el sector que genera más incidencias.Los problemas registrados hasta ahora, como el del dimetilfumarato, han ayudado a aumentar y mejorar los controles, aunque el análisis físico de una partida importada se produce sólo en un 5% de las llegadas a frontera. El textil y el calzado son los sectores que sufren más inspecciones documentales y físicas, aunque son los juguetes los que cuentan con más partidas detenidas en frontera.Etelvina Andreu reconoció que, aunque la UE quiere crear una normativa continental transnacional y multisectorial, todavía existe mucha descoordinación y disparidades de criterio entre las aduanas europoeas: “Algunos aseguran que el puerto de Rotterdam es un coladero”, señaló. También subrayó que “es realmente curioso que Bélgica y Holanda generen menos alertas que otros países menos importantes como Estonia y Lituania”.