Voces en contra del Real Decreto de residuos textiles: ACME, Avecal, Modacc y más

El sector del textil y la moda al completo se vuelca para comprender y afrontar el nuevo Real Decreto para la regulación y gestión de los residuos textiles y de calzado, impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El Gobierno de España ha propuesto, a través del Miteco, un nuevo Real Decreto Ley que regulará el ciclo completo de residuos textiles y de calzado para fomentar la economía circular. Las asociaciones sectoriales afectadas han ido valorando esta disposición, presentando numerosas alegaciones para enmendar algunas de las afirmaciones que consideran erróneas o desiguales.

La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) fue una de las primeras en pronunciarse, junto con la Fundación Academia de la Moda Española (FAME). Ambas entidades presentaron sus alegaciones conjuntamente en tres bloques definidos, partiendo de una idea principal. La necesidad de alcanzar la sostenibilidad sin olvidar la casuística española y entendiendo la realidad de cada empresa. Así, han defendido la armonización normativa europea, abogando por buscar un modelo propio español. El objetivo es que las compañías nacionales no pierdan competitividad, ni dentro ni fuera del mercado español, a la vez que se garantiza transparencia y la participación de todos los actores del sector.

Alegaciones de ACME y FAME

En primer lugar, ambas entidades nacionales se han fijado en la definición del productor textil y de calzado. Así, han solicitado «una mayor precisión, por motivos de seguridad jurídica«, en esta clasificación. En concreto, al párrafo que hace referencia «a la exclusión de los sastres y modistas que trabajen por cuenta propia que elaboren productos textiles o de calzado personalizados«. ACME y FAME han propuesto sustituir la descripción actual por «personas físicas o jurídicas que confeccionen o elaboren piezas a medida«. La consideran una redacción más adaptada al sector y que pone el foco en el modelo productivo.

En segundo lugar, han señalado la proporcionalidad de la norma. En este sentido, han pedido que se tenga en cuenta el tamaño de las empresas, con el objetivo de «no minorar la competitividad de las pymes y de no imponer excesivas cargas administrativas a las microempresas«.

Finalmente, las organizaciones han reclamado una serie de garantías para el cumplimiento normativo. Por ello, ACME y FAME han sugerido la creación de una ventanilla única de información al productor textil. Iría dirigida principalmente a las microempresas y pymes, para que puedan informarse de sus obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor, sobre acceso a financiación o realizar cursos de formación dirigidas a profesionales.

Esta sugerencia surge del mandato de la Unión Europea a los Estados miembros de garantizar y velar por los operadores económicos del sector textil. Buscan facilitar el cumplimiento normativo a través de información y asistencia organizativa y técnica, la cual debería adoptar esa forma de orientación, apoyo financiero y acceso a material formativo especializado.

Representación de todas las empresas

En estas alegaciones presentadas al Miteco, ACME y FAME han buscado reflejar «el malestar surgido en el ecosistema de la moda española por el contenido de la norma«. Además, se suma al retraso en la fecha de transposición de la directiva y en la publicación de dicho borrador entre los grupos de interés sectoriales. Por ello, han manifestado «la falta de comprensión y entendimiento a las particularidades del sector de la moda en España» que, según ambas entidades, se desprende de este planteamiento.

Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME y vicepresidenta de FAME, ha comentado el texto presentado. «Nos preocupan los posibles impactos negativos que esta normativa pueda tener en el textil y la moda, sector con tanto peso en la economía de nuestro país. Donde la incertidumbre es la nueva normalidad, la pérdida de competitividad o los posibles cierres de empresas de reducido tamaño sería un grave error. Especialmente si se ven afectadas por las cargas económicas y administrativas de esta nueva normativa«.

Sergio Álvarez, director de FAME, también ha valorado el equilibrio entre sostenibilidad y rendimiento empresarial. «La circularidad del sistema debe ser siempre entendida como una oportunidad del sector español para ser referente internacional. No como una barrera más de entrada o una piedra en el camino hacia la sostenibilidad. Es imprescindible realizar un análisis de todos los integrantes y elementos que definen la moda española respecto a la situación actual y de futuro. Así como potenciar la búsqueda de soluciones comunes basadas en la cooperación y las alianzas«.

Inquietudes nacionales y territoriales

Modacc, el clúster catalán de la moda, también ha presentado sus alegaciones a este proyecto de ley, en una línea similar a la de ACME y FAME. Aunque valoran el impulso del Gobierno por una regulación específica, han pedido que esta nueva normativa sea «realista, para garantizar la competitividad del sector«. La asociación ha advertido que el actual texto establece unos objetivos de recogida y reutilización demasiado ambiciosos y sin precedentes en Europa. La meta fijada por el Gobierno es del 50% de recogida de residuos textiles en 2030, cuando actualmente es de tan solo el 12%.

«Compartimos plenamente el objetivo de hacer un sector textil más sostenible y circular«, ha apuntado David García, director ejecutivo de Modacc. «Pero necesitamos una ley basada en criterios científicos, realista y progresivo. Solo así las empresas podrán hacer esta transformación y avanzar sin perder competitividad«.

Asimismo, el clúster ha reclamado que el texto se armonice con la normativa europea «y no quiera ir más allá». El objetivo no es otro que evitar desigualdades entre productores españoles y de otros países de la UE. En este sentido, han solicitado eliminar la obligación de vender productos de segunda mano en comercios de más de 400 metros cuadrados. Consideran que «limita la libertad empresarial y puede perjudicar a las entidades sociales que hoy en día lideran la reutilización«.

Impulso para la sostenibilidad industrial

Por otro lado, Modacc quiere que se reconozca a la industria manufacturera como actor estratégico para la reintroducción de fibras recicladas. En este sentido, desean que se tengan en cuenta compensaciones e incentivos fiscales para aquellas empresas que utilicen materias primas recicladas y que se fijen mecanismos de eco-modulación, para premiar el esfuerzo de los productores implicados.

Con todas estas alegaciones presentadas ante el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica), Modacc ha presentado una última conclusión. «Únicamente en un marco legislativo viable, competitivo y armonizado con Europa será posible impulsar una transformación real. Solo así podremos consolidar la industria textil y de la moda nacional como sector de futuro, sostenible y con liderazgo internacional«.

Actualmente, la industria de la moda en Cataluña integra a 2.800 empresas, con una facturación agregada de 15.000 millones de euros. En términos de empleo, ocupan a unos 75.000 trabajadores de forma directa. Todo ello, según datos de Acció, la agencia de competitividad de la Generalitat de Catalunya.

En materia de calzado

Por su parte, la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal), junto al SCRAP especializado Gerescal, han abordado también el impacto de esta legislación. Francisco Rico, responsable de operaciones de Gerescal, ha dejado clara la labor de la organización. Así, su objetivo es «garantizar una gestión responsable de los residuos de calzado y textiles, impulsar su reutilización y el reciclaje, así como reducir el impacto de la moda rápida. De manera paralela, integramos la participación de entidades de carácter social en el proceso«. Con ello, se busca que el sector del calzado avance hacia un modelo más sostenible, competitivo y alineado con la normativa europea.

La normativa que entra en vigor será de aplicación a todos los productores y comercializadores de calzado y textiles en el mercado español. Excluye productos hechos a medida, reutilizados y de uso profesional especial, como equipamiento de esquí, así como a los bolsos y mochilas. El Real Decreto afecta a todas las empresas, aunque aquellas con menos de diez trabajadores o una facturación inferior a los 2 millones de euros anuales tendrán mayor flexibilidad. En concreto, dispondrán de un plazo de doce meses para registrarse en un SCRAP desde la entrada en vigor de la norma, que se prevé para 2026. Adicionalmente, la medida reafirma la destrucción europea de los productos no vendidos, en relación con el stock.

Ante esta situación, Rico ha incidido en las ventajas de adherirse al SCRAP Gerescal. «No solo asegura el cumplimiento de la ley al menor coste posible, sino que además convierte una obligación en una oportunidad de competitividad, sostenibilidad y confianza para las marcas de calzado y textil en España«-

Desde la creación de Gerescal, hace ya más de un año, múltiples empresas han firmado convenio con la organización. Este no tendrá efecto hasta la entrada en vigor de la ley y contará siempre con la total libertad de desistimiento si la contribución económica finalmente publicada no resulta de interés para la empresa, tal y como han detallado los portavoces del SCRAP.

Inquietud entre entidades sociales

Más allá de los productores de textil y calzado, también las entidades de recuperación de prendas de carácter social han manifestado sus inquietudes frente a este nuevo proyecto de ley. La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) ha advertido que este planteamiento «carece de la ambición y la precisión necesarias para impulsar una verdadera economía del sector«.

«Los objetivos fijados resultan insuficientes y llegan demasiado tarde para afrontar la sobreproducción«, han establecido desde AERESS. La entidad se fija en los objetivos de reutilización de textiles establecidos en el texto legislativo. El Miteco ha propuesto que, para 2030, al menos el 20% de textiles recogidos se destinen a preparación para la reutilización. Por su parte, AERESS propone elevar la cifra al 40%, y que en 2035 se alcance al menos el 50%.

También han señalado que el borrador pospone la fijación de objetivos de reciclaje de textiles durante cinco años, a pesar de que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ya establece mínimos. En este sentido, la asociación recomienda fijar desde ahora un objetivo del reciclaje del 20% en 2030 y del 25% en 2035.

Falta de herramientas de actuación

Igualmente, preocupa el calendario planteado, con 2027 como año de referencia para los objetivos de reducción. AERESS propone adelantar esta fecha a 2024. Además, ha criticado que el borrador obligue a las entidades locales a hacerse cargo de la recuperación de textiles de la fracción resto, residuos que en la práctica no pueden reutilizarse ni reciclarse. Por ello, han pedido que el coste íntegro de su gestión recaiga precisamente en los SCRAP, aplicando el principio de «quien contamina, paga».

Por otro lado, la asociación ha criticado la definición de «entidades de economía social» incluida en la norma, como ya lo hizo Humana hace unas semanas. En esa misma línea, la han calificado como «vaga» y que «puede generar inseguridad jurídica e incluso abusos«. Así, AERESS ha propuesto adoptar la definición de «entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General». Igualmente, consideran que la definición de «operadores de reutilización» debería aclararse. Para garantizar la correcta gestión, cualquier entidad no autorizada como gestor debería firmar un convenio de colaboración con una entidad de economía social gestora de residuos.

Finalmente, la entidad ha considerado que flaquea la indicación de que las autoridades «podrán usar» incentivos económicos para aplicar la jerarquía de residuos y cumplir los objetivos. Esta formulación «convierte en opcional una herramienta fundamental y facilita la inacción«, han subrayado desde AERESS. La asociación pide que se convierta en obligatorio el uso de instrumentos económicos como impuestos, subvenciones o bonificaciones. Asimismo, propone medidas concretas como exenciones fiscales o reducciones del IVA para ropa reutilizada, reparada o reacondicionada.

Cristina Salvador, presidenta de AERESS, ha resumido todas las peticiones de la entidad. «Si queremos un sector textil sostenible, el Real Decreto debe fijar objetivos claros, ambiciosos y justos. No podemos seguir retrasando las soluciones mientras el planeta y las entidades sociales pagan el precio de la inacción«.

57 alegaciones de Humana

Una de las voces más críticas ha sido la entidad social Humana, especializada desde hace más de 35 años en la recogida y gestión de textiles usados, apostando por la reutilización de estos residuos. La organización ha presentado hasta 57 alegaciones al texto legislativo, del que adiverte que «otorga poder casi absoluto» al sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), que en determinados casos «no puede seguir la lógica actual basada en la jerarquía de residuos, lo que significaría un grave error del sistema«.

Asimismo, han considerado que, con este borrador del Real Decreto, «la libre competencia del sector queda en duda«, ante los beneficios que obtendrán los SCRAP, frente a gestores de residuos textiles autorizados. «El residuo textil bien gestionado es un recurso de inestimable valor ambiental, económico y social. Pensar lo contrario significará tener un modelo desequilibrado, muchísimo más caro e incluso alejado de las buenas prácticas ambientales«.

Para Humana, la legislación «pasa de puntillas sobre el verdadero problema a resolver, que es la prevención y reducción de residuos«. «El proyecto legislativo trata de edulcorar e igualar a todas las entidades de economía social, sabiendo que solo algunas figuras jurídicas atesoran privilegios en la gestión y financiación. Así, arremete directamente contra las organizaciones no privilegiadas añadiendo financiaciones condicionadas«.

Por todo ello, la entidad ha instado al Miteco a revisar a fondo el borrador, «reforzando su coherencia legal, su ambición ambiental y su compromiso con la economía circular, evitando crear un sistema que favorezca intereses particulares frente al interés general«.

Para más información: https://creadores.org / https://academiadelamoda.es / https://www.modacc.cat / https://avecal.es / https://gerescal.com / https://aeress.org / https://www.humana-spain.org

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