Las empresas españolas del sector de la moda y cosmética Mango y Puig lideran la ofensiva judicial contra la administración estadounidense, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles proteccionistas de Donald Trump, anunciados inicialmente en abril de 2025.

Mango y Puig, dos de los mayores conglomerados españoles del sector textil y de la perfumería, han dado un paso decisivo en la batalla legal contra los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

Mango y Puig acusan a la administración estadounidense de violar el marco legal comercial al aplicar aranceles sin base constitucional.

Las empresas, que comparten consejeros cruzados y una estrategia empresarial alineada, han presentado sendas demandas ante la Corte de Comercio Internacional de EE.UU., según ha publicado El Economista. En ellas, reclaman la devolución de tasas cobradas entre febrero de 2025 y febrero de 2026, así como los intereses generados.

Este movimiento las convierte en las primeras empresas españolas en presentar una demanda contra el Gobierno estadounidense. La acción llega tras la declaración inconstitucional de los aranceles en febrero de este año.

Reclamaciones millonarias a EE.UU.

En febrero de 2026, el Tribunal Supremo de EE.UU. sentenció que la administración Trump se excedió en sus facultades al imponer aranceles generalizados bajo el pretexto de seguridad nacional y déficit comercial. La decisión afectó a medio centenar de países, incluyendo toda la Unión Europea. Supuso la anulación de tasas que gravaban miles de productos, desde textiles hasta componentes industriales.

Las demandas de Mango y Puig se suman a una ola de reclamaciones internacionales. En ellas, acusan a la administración estadounidense de violar el marco legal al aplicar aranceles sin base constitucional. También de generar costes adicionales e inesperados para las empresas y de afectar a cadenas de suministro estratégicas. Según la Cámara de Comercio de España, las empresas del país podrían reclamar hasta 3.000 millones de euros en compensaciones.

El proceso judicial podría tardar entre 12 y 24 meses en resolverse, dependiendo de la complejidad del caso. Asimismo, la ofensiva legal de las empresas españolas podría tensar aún más las ya difíciles relaciones comerciales con Estados Unidos.

Para más información: https://mangofashiongroup.com / https://www.puig.com/en

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