El gobierno estadounidense de Donald Trump no se da por satisfecho, después de que la Corte Suprema del país declarara ilegales sus aranceles globales, y recurrirá esta decisión. Tras la ilegalización, el Tribunal de Comercio Internacional decretó la devolución de impuestos a miles de empresas por valor de 166.000 millones de dólares.

La Administración Trump ha dado un paso más en su estrategia para bloquear la devolución de 166.000 millones de dólares en aranceles considerados ilegales. El gobierno federal recurre la sentencia de marzo que ordenaba reembolsar estos impuestos tras la derogación de la ley económica, conocida como IEEPA.

Según estimaciones aduaneras estadounidenses, unas 330.000 empresas importadoras podrían tener derecho a reclamar el reembolso de los aranceles ilegales.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se han aceptado para tramitación unos 85.000 millones de dólares en devoluciones potenciales y certificadas. Cerca del 25% debían resolverse antes de finales de mayo de 2026.

Sin embargo, esta próxima apelación trumpista podría entorpecer el ya complejo proceso de reembolso, que requirió la creación de un nuevo sistema electrónico por parte de la CBP. La implantación gradual de la herramienta, que permite a los importadores presentar y gestionar solicitudes de reembolso, sigue en marcha.

Antecedentes del conflicto arancelario

La polémica se remonta al anuncio de la IEEPA en abril de 2025, una normativa propuesta por la Administración Trump para imponer aranceles globales. En febrero de este año, la Corte Suprema invalidó esta decisión. El alto tribunal determinó que estos derechos excedían la autoridad legal del Ejecutivo, lo que abrió la puerta a reclamaciones masivas por parte de los importadores afectados.

El Tribunal de Comercio Internacional (CIT), sin embargo, fue más allá al emitir una “orden judicial universal” que obligaba a la CBP a reembolsar los aranceles no solo a los demandantes directos, sino a todos los importadores que hubieran pagado estos derechos, ya ilegalizados.

El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene previsto impugnar esta orden del CIT, sosteniendo que «excedió su jurisdicción«. El gobierno federal se ampara en un precedente del Tribunal Supremo (Trump contra Casa, Inc.) que en 2021 estableció que los tribunales federales de distrito no pueden emitir mandamientos judiciales universales que obliguen a terceros no involucrados en un litigio.

La notificación de apelación argumenta que la oficina aduanera no tiene autoridad para emitir reembolsos sobre declaraciones ya liquidadas, a menos que haya demanda específica del importador. Según estimaciones de la CBP, unas 330.000 empresas importadoras podrían tener derecho a reclamar estos reembolsos.

Para más información: https://hts.usitc.gov/

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