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Pese a los problemas, Puigneró no cerrará sus factorías


Josep Puigneró, en libertad condicional, ha vuelto a tomar las riendas de Hilados y Tejidos Puigneró. El primer empresario español condenado a prisión por delito ecológico no piensa cerrar dos de las tres factorías de su grupo pese a las recomendaciones de su exdirectivo Jaime Rubio.

Con la libertad condicional de Puigneró y la marcha de Jaime Rubio, la compañía vuelve a estar en manos de su propietario. Jaime Rubio era un conocido directivo con amplia experiencia en el sector textil, que aterrizó en la empresa en los peores momentos de la crisis con Puigneró en prisión. Rubio, que ha sido miembro del equipo responsable del Plan de Renovación Textil, directivo de Fibracolor e Industrias Burés y consejero de La Seda de Barcelona, tenía el beneplácito del conseller de Industria de la Generalitat Antoni Subirà y del ministro de Industria, Josep Piqué.

Despidos y reducciones

El plan de emergencia de Rubio implicaba el cierre de factorías de la empresa: las de Roda de Ter y Prats de Lluçanès. Eso implicaba reducir un 50% ó 75% la plantilla de 2.000 trabajadores. Puigneró, por el contrario, ha decidido continuar con las tres fábricas en funcionamiento reduciendo su plantilla en 350 trabajadores: 150 puestos de empresas de trabajo temporal y otros 200 contratos temporales que no se renovarán. De unos 800 telares se pasa a 600, retirando la maquinaria más obsoleta. Lo más delicado del proceso de reordenación es la deuda histórica que mantiene con Hacienda y la Seguridad Social. Según sus balances, a 31-12-1996, la empresa debía a Hacienda 2.791 millones más intereses de demora. La deuda con la Seguridad Social es 5.996 millones. En 1998 el grupo negoció su venta con la mexicana Catex. «No nos consta ninguna negociación con el grupo Zara», aseguró Pérez, «aunque es posible que existiera algún interés». Mil millones para no contaminarHilados y Tejidos Puigneró ha puesto en marcha una depuradora biológica en su planta de Sant Bartomeu del Grau (Barcelona), que le ha supuesto una inversión de mil millones de pesetas. La instalación es consecuencia de la sentencia que condenó a Josep Puigneró a cuatro años de prisión por delito ecológico. En ella se exigía que la compañía tomara medidas que repararan el daño ecológico causado. El empresario tiene todavía pendiente otra causa por delito ecológico, cuyo juicio se celebrará el 29 de abril.